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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo nuevamente premió a la empresa Constructora MECO S.A., –investigada en Costa Rica por supuestamente pagar sobornos para conseguir licitaciones– con la adjudicación de la construcción de los primeros tres tramos de 87.7 kilómetros de la carretera del Litoral Pacífico, conocida como costanera, por un monto total de 213,368,711.47 dólares, cifra que no incluye impuestos.
Rosario Murillo, vocera de la dictadura orteguista informó el pasado 11 de julio el inicio de la construcción de los primeros 58 kilómetros de la carretera en “saludo” al 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio. Sin embargo, no dio detalles sobre el costo económico de dicho proyecto ni la empresa que se encargaría de ejecutarlo.
LA PRENSA revisó las licitaciones publicadas por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Sicae), encontrando dos procedimientos de compra publicados el 16 de diciembre de 2022 y adjudicados en mayo de este año, relacionados a la construcción de la carretera del Litoral Pacífico.
El primer procedimiento de compra incluye la construcción de los primeros dos tramos de la carretera costanera. El primer tramo, detalla el documento, recorre 29.53 kilómetros, pasando desde El Naranjo hasta la playa El Remanso, en Rivas. El segundo tramo suma 29.28 kilómetros desde la playa El Remanso, pasando San Juan del Sur, hasta llegar al empalme El Coyol, en Brito, Rivas.
La licitación de los primeros dos tramos fue adjudicada en su totalidad a la Constructora MECO S.A., representada por Omar Jiménez Araya en su sede en Nicaragua, por un monto de 146,208,241.97 de dólares, sin incluir impuestos.
La empresa tendrá un plazo de 900 días calendario para entregar cada uno de los tramos, que consisten en construir una carretera de dos carriles de 3.60 metros de ancho cada uno, con hombros u orillas de 1.80 metros de ancho. Además, deben encargarse de construir en las zonas urbanas y semiurbanas ciclovías de 3 metros de ancho y andenes de 1.80 metros de ancho.
En el caso del primer tramo, además de la carretera, andenes, hombros y ciclovías, la empresa debe realizar movimiento de tierra, construir ocho puentes, cinco de estos de paso de ciclovías, ocho cajas y 126 alcantarillas de concreto reforzado de diferentes diámetros. En el segundo tramo también se encargarán del movimiento de tierra, de la construcción de tres puentes, diez cajas y 138 alcantarillas de concreto reforzado de diferentes dimensiones.
Constructora MECO también se encargará de obras misceláneas, obras de mitigación ambiental, señalización y seguridad vial, y de la implementación de un plan de reasentamiento involuntario para los afectados por la construcción de la carretera, que se ejecutarán en ambos tramos.
Segunda adjudicación: tercer tramo
El segundo procedimiento de compra publicado por el MTI, revisado por LA PRENSA, incluye la construcción de los tramos tres y cinco de la carretera Litoral Pacífico. El tercer tramo recorre desde el empalme El Coyol, en Brito, hasta el Astillero, en Tola, Rivas, sumando un total de 29.89 kilómetros. El quinto tramo pasa por Tupilapa, en Jinotepe, Carazo, hasta Masachapa, en San Rafael del Sur, Managua, recorriendo un total de 30.79 kilómetros.
El tercer tramo de la carretera Litoral Pacífico fue otorgado a Constructora MECO, por un monto de 67,160,469.50 de dólares. El quinto a tramo se adjudicó a Prodecon, cuyo representante en Nicaragua es Flavio Alberto Morales Garay, por la suma de 66,702,184.98 dólares.
En el tercer tramo, además de la carretera de dos carriles de 3.6 metros cada uno, hombros de 1.8 metros, y ciclovías de 3 metros de ancho y andenes de 1.8 metros de ancho, la empresa MECO se encargará de construir cinco puentes, nueve cajas de concreto reforzado de diferentes dimensiones y 97 alcantarillas de concreto reforzado de diferentes diámetros.
Mientras que Prodeco, en el quinto tramo, deberá asumir, además de la carretera, hombres, andenes y ciclovías, el movimiento de tierra, siete puentes de concreto reforzado con vigas, 4 cajas de concreto reforzado de diferentes dimensiones y 112 alcantarillas nuevas de concreto reforzado de diferentes diámetros.
BCIE, la fuente de financiamiento
Un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es la fuente de financiamiento del proyecto de construcción de la carretera Litoral Pacífico, que pasa por los departamentos de Managua, Carazo y Rivas.
El BCIE aprobó un crédito por 382.6 millones de dólares para financiar cuatro proyectos, entre los que se contempla la costanera, que es considerada de gran importancia para dinamizar el turismo en el Pacífico nicaragüense.
Según el BCIE esta obra impactará a 232,129 habitantes de San Juan del Sur y Tola, en Rivas; Jinotepe y Diriamba, en Carazo y San Rafael del Sur en Managua.
Falla en proyecto ejecutado por MECO
La Constructora MECO, según su sitio web, se ha encargado en Nicaragua de “innumerables obras como la hidroeléctrica Tumarín, Estadio Nacional de Béisbol Dennis Martínez y la Carretera Bluefields”.
En abril de 2019, la dictadura orteguista inauguró la carretera de concreto hidráulico de 72.8 kilómetros Nueva Guinea – Bluefields, que tuvo una inversión de 115 millones de dólares. Óscar Mojica, ministro de Transporte de Infraestructura, durante la inauguración de ese tramo afirmó que el país tendría carretera “para más de 50 años y manteniéndola en perfectas condiciones”.
Sin embargo, meses después de la inauguración, medios de comunicación registraron daños que conductores reportaban en la zona del kilómetro 314 de la carretera Nueva Guinea-Bluefields. La carretera tenía grietas que se extendían varios metros y algunas hasta partían todo un carril.
El economista Enrique Saenz, en un artículo de opinión que publicó en su blog personal, cuestionó, frente a esos daños que comenzaba a mostrar la obra y las acusaciones que se hacían contra MECO, el “escándalo de corrupción (que) ocurrió en Costa Rica, donde hay institucionalidad, Estado de Derecho, independencia del aparato judicial, de la Contraloría y de la Fiscalía”.
Sáenz se preguntaba “¿qué podrá ocurrir en nuestro país donde el grupo en el poder ha implantado un Estado Mafioso donde campean la corrupción y la impunidad? ¿Cómo habrá hecho MECO para ganar tantas licitaciones? ¿Cuáles son las siete obras que está ejecutando actualmente?”.
Además, señaló la importancia de que el Estado de Nicaragua comenzara “una investigación sobre los procedimientos de licitación de la carretera a Bluefields y hacer una auditoría técnica de la construcción, la calidad de los materiales usados, entre otros aspectos”.
Sin embargo, dichas investigaciones de parte de las autoridades del Estado de Nicaragua nunca se hicieron, al menos públicamente nunca lo informaron. Tampoco se conoció si la empresa MECO reparó los daños y asumió su responsabilidad sobre la falla en el proyecto.
La ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público establece en su artículo 6 el principio de eficiencia, que el Estado de Nicaragua debe cumplir referente a las contrataciones, indicando que “los organismos y entidades del Sector Público deberán planificar, programar, organizar, desarrollar y supervisar las actividades de contratación administrativa que realicen, de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad”.
Investigación en Costa Rica
La empresa MECO es de origen costarricense y tiene operaciones en países como Colombia, El Salvador, Panamá, Guatemala, Honduras y Belice. La multinacional, desde 2019, según reportajes de medios costarricenses, está siendo investigada por la justicia de Costa Rica por presuntos sobornos y dádivas a funcionarios públicos en casos como Cochinilla y Diamante.
El caso “Diamante”, en el que fue investigada MECO junto a funcionarios públicos, incluía sobornos en el sistema municipal costarricense para la contratación de licitaciones. En diciembre de 2020, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica, declaró el caso como “procedimiento especial de delincuencia organizada, determinando que los investigados, alcaldes, y empleados de la empresa MECO, incluido su dueño Carlos Cerdas, habían realizado acciones delictivas todo con el fin de obtener beneficios ilícitos” para la constructora.
El 15 de noviembre de 2021, las autoridades judiciales de Costa Rica realizaron allanamientos y detuvieron a alcaldes, funcionarios y empleados de la constructora MECO. El caso Diamante hasta octubre de 2022 seguía en etapa de investigación, luego de los allanamientos, la prueba decomisada e incluso el encarcelamiento de varios funcionarios, incluido el dueño de MECO, que estuvo varios meses bajo arresto domiciliar.
El Ministerio Público de Costa Rica, detallan los reportes periodísticos, debe “analizar” todas las pruebas y después solicitar al Organismo de Investigación Judicial los peritajes que considere necesarios, además de levantar secreto bancario de las cuentas de las personas detenidas y las empresas vinculadas.
Según una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, MECO –previo al caso que le investigan en Costa Rica– también estuvo vinculada a pagos de sobornos en Panamá. El trabajo revela que en 2017 medios de comunicación de ese país revelaron que fiscales habían descubierto que más de 60 empresas habían pagado sobornos a altos funcionarios encargados del Ministerio de Obras Públicas, entre ellas MECO.
Los reportajes de los medios panameños, citados por el Centro, confirman que el representante de MECO, Carlos Cerdas, llegó a un acuerdo de colaboración con las autoridades de Panamá y confesó haber pagado 9.4 millones de dólares en “dádivas ilegales”, lo cual, apuntan, en la práctica significó que la empresa y sus representantes no fueran procesados y siguiera operando en ese país y consiguiendo licitaciones.
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